En el caso de España la degradación de los servicios públicos es efecto directo de un recorte sin precedentes del gasto público. La disminución de los ingresos del Estado como consecuencia de la recesión económica internacional y una balanza de pagos altamente deficitaria como consecuencia de un elevado déficit en balanza comercial y de un enorme endeudamiento público y privado inflacionista alarmante coloca al gobierno entre la espada y la pared.
Sin perjuicio de las características específicos de la política monetaria de la Zona euro. Con carácter general, la moderación y dudas de las medidas de reactivación se explican por los temores de volver a estimular la inflación en un momento en que ya es mucho más fuerte que en las precedentes recesiones. Así se confirma que el capitalismo contemporáneo es incapaz de escapar al dilema entre recesión agravada o inflación agravada. A la larga la inflación agravada lo precipita a recesiones aún más graves y nos aboca a una crisis monetaria internacional.
El problema se complica debido a la competencia interimperialista. En efecto, mientras subsista el sistema de cambios flotantes, la agravación de la inflación interna ya no implica automáticamente un deterioro de la posición competitiva en el mercado mundial; incluso puede tener efecto contrario. Esta es, por otra parte, una de las razones por las cuales algunas de las potencias imperialistas consideran el sistema de cambios flotantes como un medio de competencia que debe ser proscrito.
Sin embargo, en un país imperialista, una tasa de inflación, considerablemente más amplia que las de su competidores, sigue teniendo consecuencias económicas desfavorables, aunque ya no amenace directamente las exportaciones. Al inflar la demanda interior eleva las importaciones, la que por otra parte, son incrementadas automáticamente por la misma tasa de cambio de la divisa nacional que protege las exportaciones contra los efectos de la inflación. Por ello, la inflación sigue estimulando el déficit de la balanza de pagos y, como consecuencia, la dependencia de los créditos internacionales y el debilitamiento de la posición competitiva global de la potencia imperialista en cuestión. Una tasa de inflación más elevada que la de los competidores, constituye una estrategia de competencia interimperialista válida sólo en el caso de reducción brutal simultánea del consumo interior, es decir, de modificación radical de la repartición del ingreso nacional a costa de los trabajadores y en favor de las inversiones productivas (ampliamente aseguradas por recursos internos) Tal situación no se presenta hoy día en ninguna de ls principales potencias imperialistas. Por ello, la timidez de las medidas de reactivación, salvo algunas excepciones, donde la tasa de inflación ha podido bajar precisamente debido a la perdida de poder de compra sufrida por la clase obrera. ¡Ahora bien, reactivación tímida no deja de significar “reactivación”
Por otra parte, la amplificación de la masa monetaria y de los subsidios diversos entre empresas capitalistas, no implican de ninguna manera un efecto automático de reactivación sobre las inversiones productivas. Para que los capitalistas utilicen las incrementadas facilidades de crédito puestas a su disposición, es indispensable que tengan asegurada una ampliación del mercado y una alza de la tasa de ganancia. Ellos no aumentan la producción por el simple placer de hacerlo; lo hacen para mantener o aumentar sus beneficios. Esto reclama, ante todo, que la producción incrementada sea vendida, y que lo sea en condiciones que permitan salir de la caída de las ganancias que caracteriza a toda la fase de recesión.
Pero volvamos sobre lo nuestro, esto es la degradación de “lo público”.
La explicación de este problema debe comprenderse claramente, y para ello es muy importante no concebir tal problema como un ejemplo de la política errónea de los administradores públicos o de los políticos capitalistas, sino como una expresión de las tendencias básicas del sistema capitalista. Una de las principales tendencias del capitalismo europeo, durante los últimos 50 ó 60 años ha sido la creciente socialización de todos los costos indirectos de producción. Eso constituye una contribución muy directa para que se realicen las ganancias privadas y la acumulación de capital sin afectar directamente a los beneficios y a los salarios. Los capitalistas ya NO se conforman para que el Estado page los cables de la electricidad y los caminos, sino que también quieren que sufrague los gastos de investigación, desarrollo, educación y seguridad social. Pero una vez que la tendencia hacia la socialización de los costos indirectos de producción se han puesto en marcha, es obvio que las corporaciones no aceptarán mayores impuestos para financiarlas. Porque si las corporaciones pagaran los impuestos necesarios para cubrir todos estos costos no habría ninguna “socialización”. En todo caso continuarían pegándolos de manera privada, pero en lugar de hacerlo directamente lo harían indirectamente a través de sus impuestos (y pagarían la administración de estos pagos también). Pero en lugar de aligerar la carga semejante solución la agravaría. De manera que existe una inevitable resistencia institucionalizada por parte de las corporaciones y de la clase capitalista frente al aumento de impuestos al nivel que sería necesario para hacer posible servicios públicos capaces de satisfacer las necesidades de la población en su conjunto…”
Planificación de la producción y la ley del valor:
“En efecto, ninguna forma de sociedad puede impedir que, de un modo u otro, sea el tiempo disponible de trabajo de la sociedad el que regule la producción. Pero mientras esta regulación no se lleve a cabo mediante el control directo y consciente de la sociedad sobre su tiempo de trabajo -cosa que sólo es posible en un régimen de propiedad colectiva-, sino mediante las oscilaciones de los precios de las mercancías, nadie podrá desmentir lo que Engels dejó dicho ya con todo acierto en los DeutschFranzösische Jahrbücher” Todo esto lo escribió Marx a Engels el 8 de enero de 1868. Esta es, en resumen, la contradicción fundamental entre una economía regida por un plan consciente y una economía regida por la ley del valor.
Una economía regida por la ley del valor es una economía en la cual la producción, y por tanto la inversión, está guiada por la demanda efectiva. Lo que aquí opera fundamentalmente no es tanto la diferencia en la intensidad de las diferentes necesidades de los diferentes individuos; lo que es decisivo es la diferencia en los ingresos. Así la producción está encaminada a satisfacer las necesidades de los estratos privilegiados. La producción de artículos suntuarios es estimulada antes que las necesidades elementales de las masas sean resueltas. Las rentas de las viviendas modernas están sujetas a la “ley del mercado”, de manera que sólo son accesibles a los estratos de más altos ingresos. Dado que es “incosteable” conforme a las leyes del mercado que operan al nivel de la empresa aislada, el consumo social (educación, salubridad, ciertos servicios públicos) es sistemáticamente sacrificado en aras del consumo individual más altamente “redituable“. Porque el consumo individual en la forma de mercancías es producido para ser vendido con una ganancia. Es obvio que una economía gobernada en este sentido se aleja del socialismo más que se acerca a él, incluso en el caso de que esto hiciera posible un incremento en la tasa de crecimiento económico. La lógica de una evolución semejante implica que las decisiones sobre las inversiones se hagan cada vez en mayor medida al nivel de la empresa individual. Una producción que se rige por las leyes del mercado y que está acompañada por una descentralización en la inversión reproduce progresivamente las fluctuaciones económicas características de la economía capitalista, con fases de sobreinversión seguidas por fases de subinversión, desocupación periódica, sobreproducción, etc.
Fifty years of World Revolution 1917-1967. Ed. Merit Publishers, Nueva York 1968
